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En una decisión en primera instancia, el Juzgado 5° Administrativo de Manizales declaró nula la inclusión de tres zonas de expansión que se realizó en el POT 2003. Hace 16 años se declararon como zonas de expansión urbana La Aurora, El Rosario y la Vereda Colombia (Kilómetro 41) y esta es la decisión que se busca anular en este proceso.

Opositores al proyecto TierraViva han tratado de señalar que esta sentencia dejaría sin piso jurídico al proyecto, dado que se sacaría de raiz la zona de expansión sobre la cual se sustentó la formulación del plan parcial de la biociudadela. Esto no es cierto.

La verdad es que en 2007 se había realizado una revisión del POT, la cual estaba vigente cuando comenzó la estructuración del plan parcial de TierraViva en el 2012. Es decir, TierraViva no estaba sustentado en la revisión del POT 2003.

Además, el proyecto cuenta con decreto de plan parcial y licencias urbanísticas que generan lo que se conoce como situaciones jurídicas consolidadas, las cuales están especialmente protegidas por la ley y salvaguardan la inversión de todos.

Por otra parte, el POT 2017 -que está vigente- también reconoció el plan parcial de TierraViva, aun cuando se excluyó el resto de la zona de expansión de La Aurora. Por lo tanto, una decisión sobre el POT 2003 no tendría alcances sobre el desarrollo del proyecto.

Más aún si partimos del entendido de que si esta decisión prospera en segunda instancia, no tendría implicaciones retroactivas, sino a partir de que quede en firme. En efecto, las licencias fueron obtenidas en 2015 y 2016. Los efectos de la decisión serían muy posteriores a la fecha de obtención de las licencias.

Implicaciones para el Estado

Este tipo de acciones contra los POT, si bien generan mucho ruido, tienen pocos efectos legales.

Sin embargo, en un caso extremo de que una decisión como esta llegara a impedir definitivamente la construcción de TierraViva, además de afectar otros planes parciales en las demás zonas que habían sido declaradas como de expansión, habría que tener en cuenta el gran valor económico que tiene nuestro proyecto.

El Estado tendría que indemnizar a clientes, empresa, proveedores y propietarios de la tierra en dichas zonas de expansión, en caso de que el fallo prospere.

En todo caso, esta decisión es apelable y la decisión final podría estar en manos del Tribunal Administrativo de Caldas.

Desde el Concejo

Cabe anotar que concejales como César Augusto Díaz Zapata, quien fue coordinador de ponentes del POT 2017, ha manifestado su preocupación por la reducción de las zonas de expansión, lo cual aumentaría el precio del suelo para vivienda VIS en caso de que este fallo se confirme.

“Hoy tanto TierraViva como el polígono de expansión El Rosario gozan de presunción de legalidad, porque tiene planes parciales que gozan de todos los requisitos de ley y (…) la urbanización TierraViva goza de las licencias de construcción que necesitaba para las obras que estaban haciendo”, explicó el concejal en medios de comunicación de la ciudad.

¡Firmes!

Mientras tanto, continuamos firmes en la defensa de TierraViva y en acciones jurídicas para exigirle a la justicia celeridad y coherencia para los clientes que necesitan vivienda y para los empresarios que generamos trabajo y desarrollo, haciendo las cosas bien.

 

Redacción: Carlos García, director de Comunicaciones CFC. dircom@cfcya.co

 

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