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Este 26 de septiembre del 2018 se dio a conocer la noticia de que el Consejo de Estado confirma un fallo que niega la pretensión de una tutela instaurada por CFC&A para que la Universidad de Caldas no fuera designada como perito para una inspección relacionada con la acción popular en contra de TierraViva (consulte aquí el documento).

Nuestro argumento es que la Clínica Sociojurídica de la U. de Caldas ha apoyado públicamente a los opositores al proyecto y ha emitido conceptos previos para solicitar medidas cautelares. Por lo tanto, la institución académica podría afectar el principio de imparcialidad.

Al respecto, queremos aclararle varios temas puntuales:

1) Este fallo no está relacionado de ninguna forma con la actual medida cautelar que suspende provisionalmente unas licencias del proyecto, dentro de un proceso de acción de nulidad (2018). Hace parte de la acción popular que se instauró en el 2012.

2) Cabe recordar que el perito original que se nombró fue la U. Católica de Manizales. CFC solicitó cambio de esta participación pericial, porque esta universidad tiene vínculo contractual con la empresa. La idea es que haya imparcialidad y además, si se permite que una institución que luego pueda desestimarse por vínculos con las partes, esto significará más retrasos en un fallo definitivo. En este caso CFC dio ejemplo rechazando la participación de una institución con vínculos con la empresa.

3) Respecto al actual fallo del Consejo de Estado, la negación de la tutela de CFC&A se basa en que no se debe desestimar un perito que aún no ha aceptado serlo y menos aún si no ha proferido su juicio pericial. La objeción al dictamen pericial se podría hacer después, pero insistimos en que esto puede retrasar el proceso:

4) La otra razón que expresa el Consejo de Estado es que la tutela no es el mecanismo adecuado para estas acciones, cuando el peritazgo no se ha realizado:

5) Adicionalmente, el Rector de la U. de Caldas aclara que la Clínica Sociojurídica no representa a esta institución académica, aunque esta clínica hace parte de la universidad y usa su logo y su nombre:

6) Al mismo tiempo que se dio a conocer este fallo, el Consejo de Estado emitió otro auto. Una persona que solicitó coadyuvar a la parte demandante, o sea a los opositores del proyecto, también pidió que la U. de Caldas no fuera perito para asegurar la imparcialidad del dictamen:

7) A esta ciudadana también le negaron la pretensión (consulte aquí el auto). Esto refleja -por sentido común- que lo que más conviene por agilidad del proceso es nombrar un perito externo y sin relación con CFC ni con los opositores al proyecto

Desde CFC&A insistimos que si hay algún indicio de que el peritaje tenga alguna tendencia por el vínculo con la U. de Caldas y la Clínica Sociojurídica (que actúa públicamente con el movimiento de Río Blanco), se podría objetar el dictamen pericial. Cabe aclarar que el rector de la U. de Caldas aún no ha aceptado la designación de la institución como perito en este caso.

 

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